El problema de la vivienda en España está más que estudiado. Hemos leído infinidad de diagnósticos y propuestas; todos parecen saber lo que hay que hacer. Si repasamos los programas electorales de los últimos años, encontraremos soluciones para todos los gustos. El problema es que, después de tantas promesas incumplidas, casi nadie se las cree. Y no hablo solo de nuestra ciudad. También hemos asistido a las dificultades de gobiernos municipales de la izquierda, como los de Ada Colau en Barcelona o Manuela Carmena en Madrid, que tampoco consiguieron resolver un problema que sigue agravándose. En Jaén, el Ayuntamiento tiene también un importante papel que desempeñar. Los compromisos de construcción de vivienda pública aún están pendientes de hacerse realidad y SOMUVISA debería ser un instrumento fundamental para impulsar viviendas protegidas y de alquiler asequible. Más allá de las promesas, necesitamos avanzar en actuaciones concretas que permitan dar respuesta a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Mientras tanto, el mercado ha seguido haciendo lo que sabe: regular los precios mediante la oferta y la demanda. El problema es que la vivienda, antes que un bien de mercado es un derecho, y a esa demanda se han incorporado grandes fondos de inversión y operadores especulativos que han contribuido a convertirla en un activo financiero. A ello se suma el auge de los pisos turísticos, que están transformando nuestros barrios. En Jaén ya tenemos calles como la Carrera, Campanas o Maestra donde apenas quedan vecinos, desplazados progresivamente por alojamientos turísticos. Regular esta actividad no es ir contra el turismo, sino defender el derecho de los residentes a seguir viviendo en sus barrios y evitar que la rentabilidad turística se imponga sobre la función residencial de la vivienda.
Una paradoja se ha instalado en nuestra sociedad: hay propietarios que celebran la revalorización de su vivienda mientras sus hijos se ven obligados a compartir piso con desconocidos, confiando en que algún día heredarán una casa que quizá llegue demasiado tarde para resolver sus necesidades.
En Jaén, hace apenas cinco años era posible encontrar viviendas dignas en alquiler por unos 500 euros mensuales. Hoy, en muchos casos, esos precios casi se han duplicado. Y eso ocurre en una ciudad que apenas crece en población, pero en la que aumenta la demanda de viviendas porque cada vez vivimos menos personas en cada hogar, con una media inferior a 1,6 habitantes por hogar. No podemos abordar este problema ignorando las peculiaridades de nuestra ciudad.
Tampoco voy a limitarme a señalar las deficiencias. A nuestros estudiantes universitarios debemos ofrecerles residencias a precios razonables, evitando que tengan que competir por las mismas viviendas que necesitan las familias. Y a las personas mayores que precisan asistencia, residencias dignas y asequibles, que permitan incorporar al mercado las viviendas que dejan de ocupar.
Con miles de viviendas vacías, la rehabilitación del parque residencial debería ser una prioridad. Rehabilitar donde ya existe una vivienda significa aprovechar calles, saneamiento, alumbrado, recogida de residuos y transporte público entre otros servicios. No parece sensato seguir depredando suelo y aumentando los costes municipales mientras dejamos deteriorarse nuestro patrimonio residencial. La sostenibilidad es algo más que una palabra recurrente en los programas electorales.
También necesitamos construir vivienda pública, especialmente de alquiler, con precios asequibles y destinada a quienes más dificultades tienen para acceder a ella. La Junta de Andalucía que mira para otro lado, para la derecha de los mercados, es la administración que ostenta las competencias en materia de vivienda, tiene una responsabilidad ineludible en su planificación y promoción. El Ayuntamiento tampoco puede eludir la suya. SOMUVISA debería ser un instrumento fundamental para impulsar la construcción de viviendas protegidas en Jaén. Ambas administraciones deben pasar de los compromisos a las actuaciones concretas, coordinando sus esfuerzos para dar respuesta a una necesidad que no admite más demoras. También es necesario revisar la fiscalidad de las viviendas vacías y de las que se destinan a usos especulativos, con medidas proporcionadas y eficaces que favorezcan su incorporación al mercado residencial.
En fin, menos hablar y más arremangarse. La vivienda no puede seguir siendo una promesa electoral ni un negocio al alcance de unos pocos. Detrás de cada cifra hay un drama: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que viven al límite para pagar un alquiler, personas que destinan más de la mitad de sus ingresos a un techo y otras que viven con la angustia de no saber si podrán seguir en su casa. No hablamos de estadísticas, sino de vidas hipotecadas, de proyectos truncados y de una creciente desesperanza. Y de ese descontento, de la frustración y de la sensación de abandono también se alimenta el fascismo. No podemos permitir que la incapacidad de las instituciones para garantizar un derecho fundamental se convierta en su mejor aliado. La vivienda exige algo más que discursos: exige voluntad política, compromisos cumplidos y, sobre todo, resultados.
Salud.